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Comentarios a la Ley de Jurisdicción Voluntaria que entrará en vigor el próximo 23 de julio

NOTAS SOBRE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

 

Y por fin llegó la tan esperada Ley de Jurisdicción Voluntaria. Distintos Gobiernos se han puesto por bandera aquello que dijo Gardel de que “20 años no es nada”, y a punto han estado de superarlo, pues sólo han tardado la friolera de 14 años en elaborar la LJV, pese a que la disposición adicional decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, ya realizaba el encargo expreso al legislador de remitir, antes del año de la publicación de la L.E.C., el Proyecto de Ley de la Jurisdicción voluntaria, para evitar, en lo posible, la aplicación de la obsoleta Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 en cuanto a los títulos y capítulos que la disposición derogatoria de la nueva L.E.C. declaraba vigentes hasta la publicación de la futura norma reguladora de la jurisdicción voluntaria.

En un ejercicio de eficacia y eficiencia en el cumplimiento del encargo normativo, por parte del legislador fueron encargados numerosos proyectos experimentales de la norma, iniciándose los trabajos en el año 2.002. Dichos trabajos finalizaron en la “experimental” aberración conocida como Anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria de 2.006, que “cambió la concepción de la JV, al administrativizar el procedimiento judicial en la terminología y en el contenido y establecer una artificiosa equiparación, entre procedimientos de diferente naturaleza, como son el judicial y el administrativo notarial y registral, lo que se materializó en la supresión de la contradicción, de los recursos y de la asistencia técnica en los procedimientos judiciales” según palabras de D. Antonio Fernández de Buján, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Vocal de la ponencia de Reforma de la Jurisdicción Voluntaria y miembro de la Comisión general de codificación.

Posteriormente, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, con Competencia Legislativa Plena, aprobó el 24 de julio de 2006 el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, antes denominado Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria para facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de la persona en materia civil y mercantil, con un contenido de 229 artículos y 17 disposiciones complementarias; texto legislativo, que fue retirado el día en el que iba a ser votado en el Pleno del Senado, dando lugar a un auténtico “aborto” legislativo, retirando la norma el día de la votación, con el rechazo frontal de la mayoría de operadores jurídicos, especialmente abogados y Secretarios Judiciales.

Y así, tras muchas idas y venidas, llegó la anunciada Ley 15/2015, de 2 de julio de 2.015, de la jurisdicción voluntaria que en resumidas cuentas busca la “regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria de manera que el ciudadano se vea amparado con el grado de efectividad que demanda una sociedad cada vez más consciente de su derechos y cada vez más exigentes con sus órganos públicos” separando los asuntos de jurisdicción voluntaria de los de regulación procesal común, entendiendo la primera como “aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso” (art. 1), y creando un régimen alternativo en el que operan otros juristas de reconocida trayectoria.

Igualmente, se ha actualizado la terminología en cuanto a personas incapaces y al proceso de incapacitación para adaptarla a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2.006, sustituyéndolos por la referencia a personas cuya capacidad está modificada judicialmente.

Ha sido objeto de grandes críticas el que la norma haya optado por atribuir el conocimiento de un número significativo de asuntos, que tradicionalmente se incluían en la jurisdicción voluntaria, a operadores jurídicos no investidos de potestad jurisdiccional, tales como Secretarios judiciales, Notarios y Registradores, compartiendo estos profesionales, con carácter general, las competencias desjudicializadas, concediendo al ciudadano la posibilidad de elección alternativa de tales profesionales, si bien el ciudadano habrá de correr con los gastos de aranceles, en caso de elección de intervención del Notario o del Registrador. Esta criticada medida tiene una excepción en los casos en que la intervención de estos operadores sea exclusiva por la encomienda de determinados expedientes, en los que, a diferencia que en la actualidad, se prevé la posibilidad de obtención de la justicia gratuita.

En cuanto al contenido de la ley, ésta viene redactada desde una doble configuración, por un lado, los actos de jurisdicción voluntaria sometidos a la competencia de Jueces y Secretarios Judiciales –texto de la ley propiamente dicha-, y los que vienen atribuidos al resto de operadores, cuyas competencias y procedimientos vienen regulados en norma especiales, normativa notarial e hipotecaria primordialmente, y que son objeto de modificación a través de diversas disposiciones finales –hasta 20- para dar cobertura a estas nuevas competencias.

En cuanto a la jurisdicción voluntaria se han modificado o creado los siguientes procedimientos –llamados en la norma expedientes-, algunos con evidentes novedades:

a)      En materia de personas:

-          Nuevo procedimiento de reconocimiento de filiación no matrimonial, siempre que sea necesaria su aprobación judicial  -el menor que no tenga el consentimiento expreso del representante legal y siempre que no fuera reconocido en testamento o el realizado por el padre dentro del plazo para la inscripción del nacimiento cuando ésta se suspenda a petición de la madre-.

-          Se modifica el procedimiento para habilitación en juicio añadiéndosele expresamente el del nombramiento del defensor judicial, que hasta la fecha se regulaba en el Código Civil (atribuido al Secretario judicial).

-          Se incluyen sin novedades relevantes la adopción, la tutela, la curatela; y se incluyen distintos procedimientos para la guarda de hecho y la emancipación, en los mismos términos de lo dispuesto en el Código Civil.

-          Se regulan distintos procedimientos regulados en normas específicas como el procedimiento de protección del patrimonio de personas con discapacidad para las actuaciones previstas en la Ley 41/2003 de 18 de noviembre, el de protección al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, según el art. 3 de la LO 1/1982, o el procedimiento para la extracción de órganos de donantes vivos, conforme a la Ley 30/1979.

-          Se mantiene prácticamente la regulación del procedimiento para la aprobación de actos de disposición de menores y personas con capacidad modificada judicialmente y de la declaración de ausencia y fallecimiento, con la importante novedad de la creación de un nuevo procedimiento colectivo e inmediato para cuando existan varias personas a bordo de una aeronave o nave cuyo siniestro se haya verificado conforme a lo dispuesto en el CC-, que pretende facilitar la declaración de fallecimiento en tragedias como la de Germanwings.

b)      En materia de familia:

-          Se recoge el procedimiento para la dispensa del impedimento matrimonial, aunque se elimina la dispensa matrimonial de edad, al elevar la edad mínima para celebrar matrimonios a 16 años para las mujeres en lugar de 14.

-           Se crean dos procedimientos para la intervención judicial en casos de desacuerdos familiares, el primero, relacionado con las desavenencias en el ejercicio de la patria potestad entre los progenitores o cuando el titular de la patria potestad sea un menor no emancipado y hubiera desacuerdo de sus progenitores o tutores; y el segundo el de la intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal (fijación de domicilio…) y en la administración de bienes gananciales.

c)       En materia sucesoria:

-           Se prevén los supuestos de remoción y rendición de cuentas del albacea; la designación de contador partidor previsto en el art. 1057 del CC, y la renuncia y aprobación de la partición en caso de no haber sido confirmada por todos los herederos (atribuida al Secretario Judicial).

-          La aceptación o repudiación de la herencia cuando requiera aprobación judicial (menores de 16 años, tutores para aceptar la herencia si beneficio de inventario…).

d)      En derecho de obligaciones: Procedimientos para la fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda (art. 1.128 del CC) y la consignación judicial (atribuida al Secretario).

e)      En derechos reales: Se incluyen los procedimientos para la autorización al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo y los  expedientes de deslinde de fincas no inscritas. Ambos competencia del Secretario.

f)       Se mantienen los expedientes de subastas voluntarias, siendo la novedad que se atribuye al Secretario y se tramitará de forma electrónica, a través del portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

g)      En materia mercantil: Se incluye un procedimiento para la exhibición de libros de contabilidad, para la convocatoria de Juntas Generales y asambleas generales de obligacionistas, para el nombramiento y la revocación de liquidador, auditor o interventor, para la reducción de capital social cuando la ley lo prevea, para la disolución judicial de sociedades y para el robo, hurto o extravío de títulos valores. Se vuelve a incluir el nombramiento de perito en los contratos de seguro, que fue deregado de por la Ley 10/1992 de 30 de abril.

h)      La conciliación.

En cuanto al régimen de acogimiento de menores se incluye en la disposición adicional segunda, en lugar de en el título dedicado a las personas, por la voluntad del legislador de desjudicializar en un futuro el procedimiento.

Queda fuera de regulación el antiguo procedimiento de apeo y prorrateo de foros regulados en el título XVI de la LEC 1.881, y los procedimientos de retorno de menores en caso de sustracción internacional, ya que con mejor criterio, se excluye del ámbito de la jurisdicción voluntaria y se incluye dentro de la LEC, para lo que se crea un procedimiento específico, recogido en el Capítulo IV bis (art. 778 bis, ter y qua.) de la L.E.C.

En los procedimientos judicializados se añade la preceptividad de la postulación y asistencia procesal de letrado y procurador, salvo que se disponga otra cosa en la propia norma para determinados expedientes, por lo que habrá que ir a cada uno de ellos. Asimismo, la Ley determina que los gastos ocasionados vayan por cuenta del solicitante, sin que quepa la posibilidad de resarcimiento en costas, por la falta del criterio del vencimiento.

La norma entrará en vigor el día 23 de julio de 2.015, a excepción de:

a)      Expedientes de subastas voluntarias celebradas hasta el 15 de octubre de 2.015 que seguirán conforme a la anterior Ley.

b)      Expedientes de adopción y matrimoniales no entrarán en vigor hasta 30 de junio de 2.017.

Para finalizar debemos indicar que del RD de 3 de febrero de 1.881, de promulgación de la LEC únicamente permanecerá vigente la Sección 2ª del título VIII relativa a la ejecución de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros que, de conformidad con la disposición derogatoria única de la actual LEC, permanecerá vigente hasta la aprobación de la correspondiente Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil, cuyo Proyecto de Ley fue aprobado por el Gobierno el 30 de abril de 2.015. Consulta el enlace para conocerlo.

(http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-149-1.PDF)

En cuanto a la intervención de otros operadores jurídicos, tal y como se ha dicho, han sido fijadas nuevas competencias compartidas para el Secretario Judicial y el Notario, a elección y con cargo al propio interesado:

a)      Celebración del matrimonio

b)      Separación de mutuo acuerdo, siempre que no haya hijos menores no emancipados o personas con la capacidad judicialmente modificada que dependan de sus progenitores –tendrán que ir asistidos por letrado y habrá de escucharse a los mayores de edad y menores emancipados respecto a las medidas que le afecten por carecer de ingresos y siempre que convivan en el domicilio familiar.-.

c)       Reconciliación cuando se haya prestado ante Secretario o Notario.

d)      Divorcio con el contenido del art. 82 del CC. (epígrafe b).

e)      Modificación de la pensión y las bases de actualización en separaciones o divorcios tramitados ante el Secretario o el Notario, mediante nuevo convenio acordado con los mismos requisitos que el que se pretende modificar.

f)       La renuncia del albacea; la designación de contador partidor previsto en el art. 1057 del CC y la renuncia y aprobación de la partición en caso de no haber sido confirmada por todos los herederos.

g)      Designación de perito en los contratos de seguro cuando no haya conformidad entre los peritos.

h)      El ofrecimiento de pago y la consignación

i)        Subastas cuando la ley así lo determine.

j)        La tramitación de las medidas relativas al robo, hurto, extravío o destrucción del título-valor.

Se desjudicializa y se encarga la tramitación exclusiva a los Notarios de las declaraciones de herederos abintestato, con independencia del grado y la línea, así como de la presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos cerrados, ológrafos y otorgados en forma oral. También desaparece la competencia judicial para la declaración de la Administración del Estado como heredera abintestato, creando un procedimiento administrativo propio.

Procedimientos con competencias compartidas entre el Secretario Judicial y el Registrador Mercantil, serán aquellas relativas a la reducción del capital social en casos de suscripción de acciones o participaciones en autocartera, cuando se incumplan los plazos para la amortización –y reducción- o enajenación de las mismas conforme a la Ley de sociedades de capital; así como la convocatoria de la junta de socios y de la asamblea de obligacionistas y el nombramiento y revocación de auditores, liquidadores o interventores.

Por último se prevé la competencia tanto del Secretario Judicial, del Notario o Registrador para la tramitación de actos de conciliación.

Esta reforma ha supuesto, al margen de la publicación del texto propiamente dicho de la LJV, la modificación de numerosas normas para la fijación de las nuevas competencias. Así, se han modificado 98 artículos del Código Civil, 19 artículos de la LEC, 12 artículos de la Ley del Registro Civil, un nuevo Título VII de la Ley del Notariado, un nuevo Título VI bis y 5 artículos de la Ley Hipotecaria, 7 artículos de la Ley de Sociedades de Capital y un sinfín de artículos de distintas normas específicas, lo que da una idea del grueso de la reforma aprobada.

Veamos si el tiempo transcurrido en su elaboración ha merecido la pena, y de verdad se ha conseguido evitar de una vez por todas el excesivo colapso de nuestros órganos judiciales, judicializando cuestiones que bien podrían quedar al margen de los tribunales,  lo que parece puede evitarse dando entrada a otros operadores jurídicos más flexibles y aptos para las funciones encomendadas, evitando un anquilosamiento y una formalidad procedimental innecesaria como ha ocurrido hasta la fecha –véase la demora que, en la práctica forense, se producía para conseguir el testimonio del auto por el que se declaraba herederos abintestato a los colaterales del finado en comparación con la declaración realizada a favor de herederos directos-.

José Ignacio Hernández Tirado

Burear Abogados y Economistas

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